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Durante las últimas tres décadas, las industrias extractivas y los derechos indígenas se globalizaron de manera simultánea. Así, los conflictos relacionados con la explotación de los territorios indígenas se han hecho cada vez más frecuentes, violentos y extendidos en todo el mundo. En ese proceso, también se han juridizado: cada vez más, las instituciones y el lenguaje jurídicos son protagonistas en los modos en que se formulan, procesan y resuelven esas disputas. Este cambio, que a primera vista puede parecer positivo, requiere una mirada más atenta y matizada. Ese es el objetivo de este libro, fruto de una investigación extensa, que reconstruye décadas de conflictos socioambientales en territorios nativos de América Latina con un foco original: el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de la realización de proyectos extractivos en sus territorios o de la adopción de normas que los afecten en forma directa. La figura jurídica internacional de la consulta previa una institución surgida de la OIT en 1989 es el hilo analítico y narrativo que lleva a los autores en un itinerario de investigación que va desde los territorios indígenas del norte de Colombia en 2009 (donde el pueblo embera denunciaba no haber sido consultado antes de la construcción de la represa de Urrá, que dividió su territorio) hasta la zona de los incendios de la Amazonía brasileña en 2019 (donde el pueblo mundurukú había logrado detener la construcción de la represa que se planeaba sobre el río Tapajós, alegando la falta de consulta), pasando por la Amazonía ecuatoriana a mediados de la década de 2010 (donde el pueblo sarayaku lanzó una de las campañas globales más exitosas contra la explotación inconsulta de petróleo en territorios indígenas). Al describir en detalle estos y otros conflictos en la región así como al analizar los orígenes y la evolución internacionales de la figura de la consulta previa los autores se preguntan por los efectos concretos de los procesos de consulta, y rastrean evidencias tan contundentes como inquietantes: si, por un lado, en muchos casos los debates procesales terminan reemplazando las discusiones sustantivas, estos procesos y los litigios a su alrededor también han impulsado la movilización política de los pueblos afectados y de redes de apoyo globales, y han protegido los derechos indígenas en varios países. Como es evidente para cualquiera que esté atento a las noticias cotidianas, los reclamos indígenas no circunscriben su importancia a los territorios nativos. Hoy, sus demandas son las de todo el planeta. A partir de esta convergencia entre el movimiento indígena y el movimiento contra el calentamiento global liderado por jóvenes de todo el mundo, los autores concluyen que las propuestas indígenas que sonaban radicales hace apenas unos años no explotar combustibles fósiles, dejar en pie todo lo que queda en pie de bosques tropicales, o darles poder de veto a los pueblos indígenas sobre la explotación de recursos naturales en sus territorios parecen ahora indispensables para la continuación de la vida sobre la tierra en tiempos de crisis climática.

De un tiempo a esta parte, los sistemas jurídicos de América Latina han experimentado enormes transformaciones, como la creación de nuevas prácticas de litigio orientadas al cambio social y la reforma estructural. Ante estas experiencias, impensables poco tiempo atrás en los entornos jurídicos formalistas típicos de la región, los tribunales comienzan a ofrecer respuestas originales sobre las que todavía hay mucho que investigar y otro tanto que teorizar. El presente libro constituye, en este sentido, un aporte fundamental al análisis de las innovaciones judiciales más relevantes que han hecho las cortes en la última década. César Rodríguez Garavito y Diana Rodríguez Franco, dos expertos con larga trayectoria en estos temas, realizan un estudio empírico de las contribuciones efectuadas al constitucionalismo comparado por los tribunales del Sur Global. A partir de un muy resonante fallo de la Corte Constitucional colombiana la Sentencia T-025, dictada en 2004, que afectó los derechos de más de cuatro millones de personas internamente desplazadas y su implementación, los autores brindan un detallado análisis cualitativo del caso, sus orígenes, su evolución y su impacto actual en materia de derechos, de políticas y de opinión pública. Asimismo, trazan relaciones entre los efectos de la T-025 y otras sentencias estructurales sobre el derecho a la salud, a la alimentación, a la vivienda, y sobre la superpoblación carcelaria en Latinoamérica, India y Sudáfrica. En diálogo con los mejores estudios sociojurídicos acerca del impacto de los tribunales en el cambio social, esta obra propone una mirada renovada y audaz para interpretar el activismo judicial dialógico, y arrojar luz sobre los puntos ciegos del debate actual.