Hablar de derecho penal es hablar de prisión, y hablar de prisión es hablar de una aplicación deliberada de dolor, organizada desde el Estado y, normalmente, de mayor intensidad que los hechos que la provocaron, dirigida sobre todo a los sectores más vulnerables de la población. Por eso es fundamental pensar y regular el ejercicio del poder punitivo, reservando para los hechos de mayor gravedad la respuesta más violenta con que cuenta el Estado: la pena de prisión. Frente a los reclamos de algunos medios y parte de la dirigencia política, que se desentienden de la con­ictividad social y promueven más cárcel como única salida, este libro parte de la evidencia de que ningún sistema penal puede resolver de ese modo todos los con­ictos, por la sencilla razón de que resultaría impracticable. No se trata de sostener una posición que postule la impunidad ni de ignorar el universo de delitos, sino de poner en práctica vías alternativas para resolver casos de menor intensidad. Así, la conciliación, la mediación, la reparación, la suspensión del proceso a prueba evitan la experiencia de la prisión y brindan respuestas más rápidas y satisfactorias para las víctimas. Estas páginas dan cuenta de las diferentes aristas que presenta el sistema penal: la postergación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas privadas de libertad; el modo en que se vulnera el derecho a la libertad por parte de la agencia policial, al margen de cualquier control judicial, y también durante la sustanciación del proceso; la baja de la edad de imputabilidad; los actuales mecanismos institucionales para la administración de justicia, y la necesidad de reformas legislativas, todavía pendientes; los alcances del derecho contravencional, despreciado por los penalistas por su escaso o nulo interés, pero de fuerte impacto en los sectores vulnerables. Fruto de años de trabajo de la Asociación Pensamiento Penal, esta obra se propone pensar los efectos reales del sistema penal y las prácticas penitenciarias en la vida de los más desfavorecidos, en sus derechos y garantías. Contra las apuestas punitivas que se nutren del discurso del miedo y de una concepción bélica de la sociedad, sostiene otra visión del derecho y ofrece herramientas para construir una administración de justicia penal respetuosa de los derechos humanos y de los estándares que derivan de la Constitución.