Derecho y política

El Estado tiene la obligación de hacer realidad los derechos sociales (a la vivienda, a la educación, a la salud, a la alimentación, a la protección social) que consagra la Constitución. Esta premisa fundamental que no parece admitir desacuerdo tropieza de inmediato con una constatación: los recursos para cumplirla siempre son escasos, es decir, el Estado no puede materialmente responder a todas las necesidades sociales. ¿Qué es razonable exigirle? Y, más en concreto, ¿qué acciones puede realizar el Poder Judicial (y cuáles no) para hacer efectivos esos derechos? Alrededor de esas preguntas que están en el centro de nutridos debates en el campo del derecho constitucional gira este libro, que propone distintos escenarios en que la disyuntiva puede darse. Con despliegue conceptual y también análisis de casos específicos, estas páginas argumentan que la decisión de no financiar la cobertura de una necesidad puede resultar inconstitucional si afecta principios como la dignidad y la igualdad de oportunidades. Los planteos no son cómodos: pueden colocar al Poder Judicial ante la necesidad de enfrentar al Ejecutivo y al Legislativo, censurarlos por no haber honrado un compromiso constitucional y hasta cuestionar sus decisiones presupuestarias. Pero, al enmarcar esas intervenciones jurídicas en coordenadas precisas, este libro se vuelve un instrumento para reasegurar el Estado de derecho. Como escribe el autor, allí donde la Constitución es más exigente, también deben serlo los jueces.

La Corte Suprema en escenaes el primer estudio sistemático sobre el funcionamiento cotidiano de la más alta institución judicial en la Argentina, que desde hace varias décadas viene ganando visibilidad y generando controversias en el debate. ¿Quiénes acceden a la Corte, ese lugar que parece por definición alejado e impenetrable, y qué esperan de ella? ¿Cómo la perciben los jueces, los funcionarios o los empleados? Leticia Barrera expone la diversidad de actores en juego y el significado que tiene el tribunal para cada uno de ellos.Están quienes llevan a cabo acciones de protesta y consideran el espacio judicial como un foro para hacer oír sus reclamos; están los litigantes que padecen como una falla el proceso de toma de decisiones del tribunal; están los jueces y funcionarios que ven en él casi un almacén de ramos generales al que llega todo tipo de causas; están quienes lo experimentan como una práctica burocrática de creación de expedientes. Con una fina mirada etnográfica, la autora se interna en un territorio poco explorado hasta ahora. El espacio de la Corte es reconstruido a través de observaciones directas, entrevistas, recolección de imágenes y de historias de vida, poniendo énfasis en aquellos dispositivos que permiten vislumbrar el accionar del derecho en las prácticas y en las conciencias. Así, analiza el origen y el curso de los expedientes, atendiendo a las condiciones físicas en que se producen, se archivan y se manipulan los escritos, y explica también cuánto de escenificación y de montaje tienen las audiencias, ycómo esto deviene un instrumento más en la puja por imponer la agenda judicial. La originalidad del libro consiste en presentar el derecho no ya como un conjunto de verdades eternas sino como una actividad cultural que genera conocimiento y a la vez influye en la subjetividad y los vínculos de los participantes. Al tomar nota de las relaciones materiales y simbólicas que los instrumentos legales activan, el funcionamiento del máximo tribunal permite poner en evidencia las instancias propias de la creación del derecho: ese cruce en el que precisamente se define lo jurídico.

El uso del derecho penal para regular el sexo, el género y la reproducción tiene una larga historia, pero en las últimas dos décadas, la expansión de las demandas en torno a los derechos sexuales y reproductivos y la movilización social creciente para promoverlos en todo el mundo han venido acompañadas de tensiones y contradicciones alrededor del rol de la ley penal en las vidas íntimas de las personas. ¿Hasta dónde la intervención de la justicia en esta esfera de la experiencia humana garantiza la autonomía y cuándo, por el contrario, refuerza estereotipos y normatividades? Así, mientras hay demandas para liberalizar prácticas que antes se penalizaban (por ejemplo, las relaciones sexuales extramatrimoniales) también se promueve penalizar prácticas que antes no se sancionaban (por ejemplo, las relaciones sexuales forzadas dentro del matrimonio). Y mientras en algunos países se impulsa la pena de muerte para los homosexuales, en otros se la intenta imponer para quienes los asesinan. El aborto y los derechos reproductivos, el HIV, el trabajo sexual y la prostitución, el tráfico de personas, la violencia sexual en todos los géneros, las sexualidades diversas son todos campos en los que el activismo judicial enfrenta desafíos que lo interpelan profundamente. En este libro, que reúne a las voces más destacadas en los debates feministas contemporáneos y viene a llenar un vacío de textos en español sobre este tema, se analiza cómo el derecho penal se ha utilizado para producir modelos normativos de sexualidad, género y reproducción, y, a la inversa, cómo algunas herramientas jurídicas pueden usarse para alterar esa norma. Académicos, académicas, promotores y promotoras de los derechos humanos de todo el mundo escriben desde diversas disciplinas, geografías y espacios de acción (los derechos de las mujeres, de las personas homosexuales, de los trabajadores y trabajadoras del sexo, el activismo en torno al HIV) para coincidir en un punto: no se pueden ignorar las profundas fallas en el funcionamiento de la justicia penal cuando lo que está en juego es la vida íntima, pero tampoco renunciar a ella si se pretende ampliar derechos.

¿Es democrático que un pequeño número de jueces, no elegidos por el pueblo ni representativos de él, decidan sobre la constitucionalidad de una ley o la extensión de derechos que afectan a millones? Más aún: ¿lo es que esas decisiones sean el resultado de votaciones que puede ganar una exigua mayoría de 5 contra 4, como sucede en los Estados Unidos? Para Jeremy Waldron uno de los autores más prolíficos e influyentes del derecho constitucional y la filosofía política de nuestro tiempo, la respuesta es negativa. Como uno de sus críticos más radicales, Waldron no ha dudado en afirmar que el control judicial de constitucionalidad es decir, el poder de los tribunales de abstenerse de aplicar una ley si consideran que contradice el texto constitucional representa una "ofensa" a la democracia y un "insulto" a la ciudadanía políticamente comprometida. Este libro reúne algunos de los principales escritos de Waldron, traducidos por primera vez al español, en los que el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York despliega sus argumentos y ejercita su probada capacidad de confrontación lúcida y atractiva para cualquier lector. Más que requerir a los jueces que busquen respuestas supuestamente ocultas en el texto constitucional para tomar decisiones sobre temas sensibles, dice Waldron, las sociedades deberían enfrentar sus desacuerdos sobre principios básicos como parte del mismo ejercicio democrático. Por eso, sin descartar la regla mayoritaria como un mecanismo sólido de resolver controversias, defiende con mayor énfasis su uso en el Congreso, donde los legisladores, elegidos por el pueblo mediante el voto, representan una variedad de intereses y sectores sociales. En tiempos de tensiones entre justicia y política, mientras la ciudadanía hace justificadas demandas de mayor poder de decisión y control sobre los asuntos públicos, los textos precisos y comprometidos de Waldron resultan un apoyo teórico imprescindible para expertos y para todos aquellos interesados en temas de derecho, moral y política.

La crisis argentina de 2001 afectó la credibilidad del sistema político y golpeó también, duramente, la legitimidad del máximo órgano del Poder Judicial. El proceso de renovación que se inició entonces implicó cambios en el elenco de jueces de la Corte Suprema así como una serie de reformas destinadas a reforzar el vínculo de la justicia con la ciudadanía y a difundir una nueva imagen de ese tribunal, para dotarlo de mayor transparencia de cara a la sociedad. Entre esas reformas, la práctica de las audiencias públicas fue el eslabón clave, porque prometía dar voz y visibilidad a los principales afectados por ciertas causas la contaminación del Riachuelo, la sobrepoblación carcelaria, la Ley de Medios y abrir el camino para una transformación institucional más amplia. En este libro, Miguel Benedetti y Jimena Sáenz ofrecen un estudio fino, riguroso, exhaustivo, de las audiencias celebradas por el Máximo Tribunal entre 2004 y 2014, en el marco de un interrogante decisivo: ¿hasta qué punto esa práctica innovadora modificó el proceso de toma de decisiones judiciales? ¿Cuánto de su potencialidad como herramienta de democratización resultó atenuada por la discrecionalidad del tribunal, el excesivo formalismo o la preeminencia de las voces de los expertos técnicos? Desde un enfoque atento al detalle, el análisis no se circunscribe al "día en la Corte" sino que reconstruye todos los pasos del antes, el durante y el después: qué causas eligieron los jueces para convocar audiencias, cómo se desarrollaron qué lugar hubo para el intercambio y la improvisación, quiénes pudieron efectivamente intervenir, y cómo impactaron sobre la decisión final del tribunal. Al volver visible el quehacer de la Corte, este trabajo echa luz sobre un universo de enorme riqueza. Y al explicar los riesgos que pueden derivarse del uso inapropiado de las audiencias, cuando no se regulan debidamente o cuando preservan márgenes de arbitrariedad, sienta las bases para discutir y mejorar con propuestas una práctica fundamental de democratización de la justicia y las instituciones.