Si la inseguridad es el fantasma o el hecho más temido, y constantemente acapara la atención de los medios, ¿cómo podríamos no verla? Sin embargo, esa extrema visibilidad es engañosa. Como uno de los máximos expertos en temas de seguridad, Marcelo Sain sostiene que la cuestión está mal planteada por los gobernantes (tanto progresistas como conservadores), los periodistas especializados y la academia, y que esto alimenta lugares comunes y mitos inútiles. Aunque hay un consenso extendido sobre la complicidad de la policía con el crimen organizado, nos dejamos llevar por los oportunistas que claman por más uniformados, patrulleros, motos, helicópteros, videocámaras y armamento letal, cuando no por una reforma de las normas penales. Pero tanto los políticos como la sociedad civil saben que sólo se trata de fuegos de artificio que preservan el statu quo y los negocios y que, a lo sumo, tranquilizan por un rato. Sistematizando información sobre casos de violencia o denuncias resonantes, Sain va más allá de la crónica policial y traza un panorama preciso y claro del problema. Interroga la evidencia que aportan los expedientes judiciales a partir de hipótesis implacables. En la Argentina, no hay emprendimiento criminal de cierta envergadura que no cuente con el aval de la policía, en la cual los gobiernos delegan la gestión de la inseguridad. Por efecto de un doble pacto delincuentes y policías en función de la recaudación, policías y políticos en pos de una gobernabilidad tranquila, el Estado regula el delito, integrando una verdadera asociación ilícita que no sólo libera zonas, sino que apoya a ciertas bandas en detrimento de otras, eliminando competidores, sembrando pistas falsas y desviando investigaciones, condicionando a jueces y fiscales. Sin tecnicismos y con enorme solvencia narrativa y conceptual, Por qué preferimos no ver la inseguridad (aunque digamos lo contrario) llega al fondo de un tema que parece omnipresente pero que se encuentra extrañamente soterrado. Y propone vías realistas y factibles para desarmar los circuitos de estatalidad ilegal que hoy prosperan, a fin de que el crimen, en el mejor de los casos, se “privatice” y se fragmente.