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Más allá del vicio y la virtud

MINDY JANE ROSEMAN
derecho y política
$16,490

El uso del derecho penal para regular el sexo, el género y la reproducción tiene una larga historia, pero en las últimas dos décadas, la expansión de las demandas en torno a los derechos sexuales y reproductivos y la movilización social creciente para promoverlos en todo el mundo han venido acompañadas de tensiones y contradicciones alrededor del rol de la ley penal en las vidas íntimas de las personas. ¿Hasta dónde la intervención de la justicia en esta esfera de la experiencia humana garantiza la autonomía y cuándo, por el contrario, refuerza estereotipos y normatividades? Así, mientras hay demandas para liberalizar prácticas que antes se penalizaban (por ejemplo, las relaciones sexuales extramatrimoniales) también se promueve penalizar prácticas que antes no se sancionaban (por ejemplo, las relaciones sexuales forzadas dentro del matrimonio). Y mientras en algunos países se impulsa la pena de muerte para los homosexuales, en otros se la intenta imponer para quienes los asesinan. El aborto y los derechos reproductivos, el HIV, el trabajo sexual y la prostitución, el tráfico de personas, la violencia sexual en todos los géneros, las sexualidades diversas son todos campos en los que el activismo judicial enfrenta desafíos que lo interpelan profundamente. En este libro, que reúne a las voces más destacadas en los debates feministas contemporáneos y viene a llenar un vacío de textos en español sobre este tema, se analiza cómo el derecho penal se ha utilizado para producir modelos normativos de sexualidad, género y reproducción, y, a la inversa, cómo algunas herramientas jurídicas pueden usarse para alterar esa norma. Académicos, académicas, promotores y promotoras de los derechos humanos de todo el mundo escriben desde diversas disciplinas, geografías y espacios de acción (los derechos de las mujeres, de las personas homosexuales, de los trabajadores y trabajadoras del sexo, el activismo en torno al HIV) para coincidir en un punto: no se pueden ignorar las profundas fallas en el funcionamiento de la justicia penal cuando lo que está en juego es la vida íntima, pero tampoco renunciar a ella si se pretende ampliar derechos.


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Más allá de la igualdad formal ante la ley

Roberto Saba
derecho y política
$31,990
Durante las últimas décadas, la promesa de igualdad y su búsqueda han sido una constante en las prácticas, las normas y la reflexión jurídicas, lo que reafirma que ni el Estado ni los individuos deben decidir o realizar acciones discriminatorias guiadas por prejuicios y estigmatizaciones. De ahí que nuestras democracias consideren irrazonables y prohíban aquellos requisitos que puedan restringir el goce de derechos constitucionales: una estatura mínima para ejercer la docencia, determinada apariencia física para obtener un empleo o pautas de edad, género o nacionalidad para acceder a cargos en la función pública. Sin embargo, los remedios con que pretenden contrarrestar el trato arbitrario ¿contribuyen realmente a desterrar las situaciones de desigualdad estructural que condenan a mujeres, personas con discapacidad, minorías raciales, ancianos o pobres a la exclusión perpetua y transgeneracional? En este notable libro, Roberto Saba despliega un magistral análisis de las constituciones de América Latina, el derecho internacional de los derechos humanos y la doctrina de las cortes supremas estadounidense y argentina, para proponer una concepción inédita en el campo del derecho, en cuanto considera la igualdad como no subordinación de grupos. Desde esta perspectiva, los órganos de justicia deben involucrarse en la exigencia de espacios fundamentales para la vida de la comunidad: sus decisiones tienen que tomar en consideración al conjunto de ciudadanos cuyos derechos se ven afectados, en vez de limitarse a casos individuales. A partir de un sólido y claro desarrollo conceptual, el autor analiza el modo en que ese nuevo paradigma de igualdad puede regular no sólo la acción del Estado, sino también las relaciones entre particulares (como sucede con los contratos o el derecho de asociación) y los estándares para la decisión judicial. A la vez, propone que los tribunales se involucren en el reclamo de políticas públicas que desmantelen las situaciones en que normas y prácticas del Estado –y de los particulares– someten a ciertos grupos. El lector encontrará en estas páginas una reflexión ineludible para promover el desarrollo de la autonomía de todos los integrantes de la sociedad y una auténtica igualdad ante la ley.
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